Abstract

Las noticias sobre los numerosos robos de bienes culturales, en la ciudad de Río, ocurridos entre 2001 y 2008, impusieron perplejidad a los investigadores ya la sociedad. La divulgación de estas informaciones creó una imagen, falsa, de que vivimos algo nuevo. Ciertamente, en las proporciones experimentadas y anunciadas, fue inusitado. Los acervos culturales de carácter público, que pertenecen al ciudadano, necesitan la custodia del Estado. Es patrimonio público. Estos bienes, tomados o no, deben ser objetos de eficaz acción administrativa, porque es deber del Estado proveer la cosa pública y garantizar su integridad física. Desde que los crímenes se intensificaron, los escasos recursos recibidos por esas instituciones como dotación presupuestaria, que flotan año a año para menos y que deberían ser canalizados para el tratamiento de los acervos, tienen otro destino: las cámaras de circuito interno, los controladores de acceso, los planes de seguridad, los detectores de presencia. No se puede sólo preocuparse por una punta de esta cadena – los fugadores. El fomento y el desarrollo de actividades regulares en esas instituciones es un reflejo de las acciones educativas, de inclusión y de establecimiento de un pacto social que construyan, sedimenten e introyecten el concepto de ciudadanía. Por eso, las discontinuidades de las actividades institucionales en Archivos, Bibliotecas y Museos, vivenciadas en la contemporaneidad, trascienden las puertas de estos edificios. Hay un enraizado diálogo entre la desigualdad social existente y la ausencia de políticas dirigidas a esos "lugares de memoria”. Se experimenta, lamentablemente, el estado caótico generado por la deficiencia de políticas públicas de salvaguardia de acervo.